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Nota Editorial

Un oso polar desnutrido sobre un glaciar que se derrite. Esa es quizás una de las imágenes más mediatizadas del cambio climático, una de las primeras que aparecen cuando alguien busca la definición en Google. Pero en Argentina no hay osos polares flotando en masas de hielo. ¿Cómo se refleja, entonces, la crisis climática en el Cono Sur? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se ve? ¿A quiénes afecta y en qué medida? Esas fueron las preguntas disparadoras que dieron inicio a Territorios y Resistencias.

En esta investigación periodística, federal y colaborativa contamos la historia de una sobreviviente de los incendios de marzo de 2021 en la Patagonia, la del impacto de la megaminería en los pueblos indígenas de Catamarca a 25 años de Bajo de la Alumbrera, la de la bajante extrema histórica del río Paraná contada a través de los ojos de las integrantes de una cooperativa de pescadoras, la de la crisis hídrica en Mendoza, la del desmonte en Santiago del Estero, la de la lucha por la protección de un humedal en Chaco, la de una brigada LGBTTIQ+ que se organiza para hacer frente a los incendios en Córdoba y la de la producción agroecológica como solución posible en Entre Ríos. Ocho crónicas y decenas de fotografías que retratan diferentes rostros, distintas regiones, diversos climas, varias perspectivas, pero un solo punto común. Todas ellas ponen en evidencia la gravedad de la crisis climática y muestran que no es un evento aislado que sucederá en el futuro. Encarnan una problemática que ya está ocurriendo. 

La crisis de nuestro tiempo 

En las últimas décadas, el planeta ha experimentado un gran aumento de temperatura a una velocidad nunca antes vista. Las consecuencias más ostensibles han sido las olas de calor o de frío, los procesos de retracción de hielo y glaciares, el ascenso del nivel del mar y una modificación en las precipitaciones: lluvias más intensas en algunas regiones y sequías más frecuentes en otras. Estos fenómenos, verificados por la ciencia, impactan en todos los componentes del sistema climático y prueban que el cambio ocurre de forma cada vez más rápida y asimétrica, y que los seres humanos son los responsables.

Este calentamiento es producto del efecto atmosférico que genera el exceso de los llamados gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, el metano, los gases fluorados y el óxido nitroso. ¿Cómo se incorporan estos gases en la atmósfera a nivel global? Un 73% proviene de la generación de energía a partir del uso de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. La agricultura y los cambios en el uso de suelo -donde entra la deforestación-, representan un 19%. Otro 5% proviene de la industria del cemento y los residuos sólidos contribuyen con un 3%.

Argentina, un país diverso y enorme con una economía muy dependiente del clima, es un territorio que no escapa a los impactos de este calentamiento global. Se trata de un fenómeno que padece y alienta al mismo tiempo, tanto por su matriz energética -todavía muy dependiente de los combustibles fósiles- como por su modelo agroindustrial, que ha cambiado drásticamente el uso del suelo durante los últimos veinte años.

Según el inventario argentino de GEI de 2019, el país aporta el 0,7% de esas emisiones a nivel global. Si bien está lejos de ser un gran contribuyente en números totales, se encuentra entre los 22 principales emisores del mundo y figura tercero en América Latina, sólo después de México y Brasil.


Los sectores más contaminantes son el energético (53%), el agroindustrial y ganadero (37%), el industrial (6%) y el de residuos (4%).

Si se desagrega por subsector, la ganadería aporta el 21,6% de las emisiones, el transporte el 13,8% y la generación eléctrica el 13,1%. Luego viene el cambio de uso de suelos y silvicultura (9,8%), los combustibles de las industrias (9,2%), los combustibles de uso residencial (7,4%), la agricultura (5,8%), los procesos industriales (5,5%), la fabricación de combustibles (4,6%), las emisiones fugitivas (2,9%), los residuos sólidos urbanos (2,5%), los combustibles de otros sectores (2,1%) y las aguas residenciales (1,7%).

En este contexto, en la última Cumbre del Clima en Glasgow (COP 26) realizada en noviembre de 2021, el gobierno de Argentina se comprometió a incrementar un 2% su meta de reducción de emisiones netas para 2030.

Riesgos e impactos de la crisis climática en Argentina

A nivel general, Argentina padece, como el resto del mundo, temperaturas promedios más elevadas que en la era preindustrial. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2021 fue el quinto año más cálido desde que hay registros, con una anomalía para los promedios históricos de +0.5°C. 

El 2021 fue el onceavo año consecutivo en el que se registraron anomalías en relación a las temperaturas. La región más afectada fue la Patagonia, con temperaturas promedio que estuvieron entre 0.5 y 2°C por encima de los promedios históricos.

En enero de 2022, se registró en el Cono Sur una ola de calor con temperaturas récord. Algunas fueron especialmente anómalas en Argentina, azotando el sur de la región pampeana y el norte de la región patagónica del país. Según el SMN, el 14 de enero la Ciudad de Buenos Aires alcanzó una temperatura máxima de 41,5 °C, que se convirtió en la segunda marca más alta registrada. El mismo día, Mar del Plata superó su máxima histórica al alcanzar los 42,4 °C, por encima de los 41,6 °C registrados el 28 de enero de 1957. Por su parte, el norte del país registró sus temperaturas más altas entre el 14 y el 17 de enero, con varias ciudades cuyas máximas oscilaron entre los 43 °C y los 46 °C.

El calentamiento global potencia y multiplica la recurrencia de eventos extremos, como las olas de calor, las sequías y las inundaciones. Según el trabajo “Influencia causal de forzantes antropogénicos en la ola de calor en Argentina de 2013” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), por el cambio climático hay cinco veces más probabilidades de que ocurran olas de calor en el país.

El factor económico

Otro de los puntos fundamentales para enmarcar esta crisis ambiental es su afectación económica. Según el documento “Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina” del Banco Mundial, el cambio climático genera pérdidas millonarias para el país.

Los eventos extremos como inundaciones y sequías son los principales riesgos que enfrenta el país. Desde 1980, la cantidad de eventos pluviales extremos se ha multiplicado por tres. Las inundaciones han provocado pérdidas económicas por 22.500 millones de dólares desde 1980 y el 58% de todas las pérdidas económicas causadas por desastres naturales entre 1966 y 2015.

La bajante extraordinaria del río Paraná (la más severa en los últimos 77 años), resultado de la sequía de la región Noreste del país que ya transita su tercer año de duración, fue catalogada como uno de los mayores desastres económicos relacionados con el clima a nivel mundial del año 2021, según un trabajo de Christian Aid titulado “Counting the cost 2021: a year of climate breakdown”. 

La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó que la sequía actual afecta al 80% del territorio y que a lo largo de 2022 impactará en los rindes de soja y maíz generando pérdidas por casi 3.000 millones de dólares. Esto tendrá su correlato en menos servicios financieros y de intermediación y, por consiguiente, de consumo. Además, el reporte indica que el impacto negativo sobre la economía argentina se estima en unos 4.800 millones de dólares, “un 1% de su PBI potencial”. 

Deforestación y erosión de los suelos

Argentina cuenta con vastas extensiones de territorio y con grandes cantidades de recursos naturales. Históricamente, su economía depende en buena medida del sector agroindustrial, orientado a la explotación y exportación agraria de avanzada tecnología. La expansión de la frontera agrícola generó un severo problema de deforestación concentrado sobre todo en los últimos 25 años, causado por el aumento de la demanda global de commodities como la soja y el maíz. 

Según el informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, el país perdió 6.5 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2018. El 87% de ellos en el parque chaqueño, el segundo mayor foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas. 

A su vez, el informe anual 2020 realizado por Greenpeace, muestra que a pesar de las restricciones por la pandemia de covid-19, se perdieron unas 114.716 hectáreas de bosque nativo en el país, repartidas de la siguiente manera: Santiago del Estero 32.776 hectáreas; Jujuy 30.071 hectáreas, Salta 20.962, Formosa 17.779 y Chaco 13.128 hectáreas.

El mismo informe recuerda que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7.6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Se estima que el 80% de estos desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

El 38,5% de los suelos argentinos muestran una tendencia a la degradación, con la erosión hídrica y la eólica como factores más importantes. El 12% de la superficie del país presenta altas tasas de erosión, un fenómeno creciente a nivel global asociado al uso intensivo del recurso suelo para actividades productivas poco o nada sustentables. 

La información se desprende del cuarto Informe del Estado del Ambiente de la República Argentina elaborado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, una especie de foto general sobre la situación ambiental y la sustentabilidad de los sectores económicos claves del país.

Incendios forestales

La crisis climática potencia y multiplica las temporadas de incendios forestales en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. El incremento global de la temperatura promedio y otras anomalías climáticas, como la secuencia de eventos La Niña, “han promovido una mayor acumulación de biomasa seca y combustibilidad de la vegetación, favoreciendo la ocurrencia y propagación de megaincendios en la región, difíciles de controlar”, según el artículo “Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos” de 2020 publicado por la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático.

Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente de la Nación, en 2021 se incendiaron unas 331 mil hectáreas en todo el país. Esto equivale aproximadamente a unas 400 canchas de fútbol, casi 2 veces Mónaco y 8 veces la Ciudad del Vaticano.

Leyes y presupuestos: números que hablan

Argentina cuenta con distintas normativas creadas para legislar la protección del ambiente. Entre las más relevantes se encuentran la Ley General del Ambiente de 2002, la Ley de Bosques de 2007, la Ley de Glaciares de 2010 y hasta una Ley de Cambio Climático sancionada en 2020, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para “garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional”. Este artículo determina que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

Sin embargo, Argentina actualmente desfinancia el cuidado del ambiente. En el presupuesto nacional del año 2021, las partidas compatibles con la protección ambiental representaron el 0,5% de los gastos, mientras que aquellas que promueven la exploración de los combustibles fósiles alcanzaron el 8,2%, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El Ministerio de Ambiente de la Nación recibió en 2021 partidas por 8.334 millones de pesos, apenas el 0,10 % del presupuesto total. 

Ley de Bosques

Según el artículo 18 de la ley presupuestaria se consignarían $1.212 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y $25 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, lo que representaba un 4,9% del monto total que le corresponde según la Ley 26.331, de Bosques Nativos. Esto significa que en lugar de recibir el 0,3% del presupuesto nacional, tan solo fue dotado con el 0,015%.

El proyecto de presupuesto nacional 2022 le asigna apenas el 3% de lo que le correspondería a la Ley de Bosques. Si bien el monto en pesos es el mismo que se asignó en 2021, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior y se trata del más bajo desde la implementación de esta Ley, según Fundación Vida Silvestre. 

Ley de Glaciares

En 2020 se cumplieron 10 años de la Ley de Glaciares, gracias a la cual 44 proyectos mineros están frenados. Sin embargo, persisten las presiones del sector minero para modificar las normas provinciales sancionadas para proteger esos ecosistemas. Como consecuencia, tuvieron lugar amplias movilizaciones sociales por la defensa del agua en provincias como Mendoza y más recientemente en Chubut. En 2018, luego de ocho años de sancionada la ley, se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, que aún está incompleto. 

En un contexto de crisis climática global, lograr la plena implementación de esta normativa resulta primordial, ya que protege el 70% de las reservas de agua dulce de Argentina junto a las nieves de la cordillera. El cuidado del agua es una decisión política estratégica a corto, mediano y largo plazo, y resulta vital para el presente y las futuras generaciones. 

Ley de Humedales

La Ley de Humedales es una iniciativa que busca proteger estos ecosistemas que retienen y almacenan agua, disponible para consumo humano, producción y sostenimiento de la vida silvestre. Allí se desarrolla una amplia diversidad biológica y resultan fundamentales para mitigar los efectos de la crisis climática.

Hace 8 años que el proyecto se presenta ante el Congreso. En ese período obtuvo dos medias sanciones en Senado en 2013 y 2016, pero no logró ser tratada en Diputados. En 2020 se presentaron unos 15 proyectos legislativos relacionados a la regulación de humedales en Argentina.

El actual presidente Alberto Fernández, prometió durante su campaña electoral que la ley sería sancionada (también lo prometió el anterior presidente, Mauricio Macri). Sin embargo la norma no fue incluída en las sesiones extraordinarias pautadas para enero 2022, mientras que sí fue incluida la Ley de Hidrocarburos que busca el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero.

Territorios y resistencias

En abril de 2021 Argentina ratificó su adhesión al primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. El mismo establece estándares regionales para “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”.

La realidad es que la crisis climática no afecta a todes por igual. Son los grupos históricamente más vulnerados, como las mujeres, las personas LGBTTQI+, los pueblos indígenas, y otras comunidades, quienes más padecen sus efectos. Por lo tanto, son también quienes deberían formar parte de los espacios de toma de decisión de las políticas públicas destinadas al desarrollo económico y productivo. 

A partir del relato en primera persona del impacto que las problemáticas socioambientales tienen en nuestro país, Territorios y Resistencias busca ser un canal de expresión para todas aquellas poblaciones que han visto silenciados sus reclamos y que no forman parte de la agenda mediática. Conocer sus realidades es el primer paso para la planificación de posibles soluciones a sus problemas cotidianos. 

Por eso, esperamos que las voces y las miradas captadas en estas historias, no sólo concienticen, sino que también inspiren. Que la forma que elige cada protagonista para organizarse, para resistir y para luchar, se transmita y se convierta en acciones sociales concretas y efectivas para enfrentar la crisis y conseguir justicia climática en Argentina.